De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOG de ayer, uno era titular y el otro suplente, respectivamente, del tribunal encargado de calificar los procesos selectivos ordinario y de consolidación de empleo para el ingreso en el cuerpo superior de administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, convocados por las órdenes de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 18 de julio de 2008 (DOG nº 144, del 28 de julio).

     La incompatibilidad, no legal, pero sí ética, provenía de que ellos eran opositores en otro procedimiento selectivo, el de promoción interna del A2 al A1, y que compañeros suyos de tribunal en el A1 (acceso libre y consolidación) eran a su vez miembros del tribunal en el acceso al A1 (promoción interna), con lo que podría temerse alguna clase de filtración entre quienes eran compañeros de tribunal.

     Efectivamente, si la Ley no recoge estas incompatibilidades, el Director Xeral de Función Pública tiene que cortar por lo sano por la vía de los hechos e impedir estas situaciones, poco éticas y poco estéticas, “solicitando” la renuncia a estas personas, que son las verdaderas responsables de la situación, ya que el Director, aunque se consagre 24 horas a su trabajo, cumpla escrupulosamente con sus funciones, se desviva por mejorar la Función Pública gallega, se vuelque por completo en la reforma de la Ley de Función Pública para conseguir el aplauso general, y todo lo que se puede esperar de un Director ejemplar, no puede “chaparse” la lista de presentados en cada oposición, para comprobar que nadie de su Dirección incurre en actividades poco éticas. No pidamos a los demás lo que nosotros mismos no podríamos conseguir estando en su pellejo.

     Creo que la “culpa in vigilando” desaparece con estas reflexiones. Con respecto a la “culpa in eligendo“, hay que tener en cuenta que estas personas que acaban de renunciar eran jefes de servicio, es decir, son funcionarios, no políticos, y que “te falle” un funcionario y te ponga en una situación de compromiso, es algo que políticamente no debería tener mayor transcendencia y que debería solucionarse con una medida administrativa correctiva que ponga en su sitio al que ha actuado con poca ética.